Se busca modernizar al Tribunal de Cuentas para mejorar el cumplimiento de las funciones
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos dispuso crear una Comisión de Trabajo para avanzar en la utilización de nuevas prácticas y nuevas herramientas como expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en los procesos administrativos que se tramiten en el ámbito del organismo de control.
Mediante la
Resolución Nº 1.588/2020, el presidente del organismo, Diego Lara, una Comisión
de Trabajo llevará adelante el estudio, redacción y sistematización de las
normas reglamentarias de la Ley N° 10.550. La comisión está conformada por representantes
de distintas áreas del TCER; que trabajarán de manera conjunta para una gradual
implementación de lo normado por dicha ley.
El proyecto de ley por el que se planteó autorizar con idéntica eficacia
jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales la utilización
de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos
constituidos y firmas digitales en todos los procesos administrativos que
tramitan en el Tribunal de Cuentas tomó estado parlamentario en el Senado
entrerriano en mayo de 2015 y se aprobó en mayo de 2017. Ese mes ingresó a
Diputados y se convirtió en ley el 13 de diciembre de ese año.
El objetivo de la actual conducción del organismo es aplicar estas herramientas
para lograr mayor eficacia y transparencia en la gestión pública.
El presidente del TC indicó: “El desafío es mejorar los procesos, hacerlos más
transparentes, más ágiles, que lleguen en tiempo oportuno y, fundamentalmente,
mejorar la prestación de los servicios al cuentadante y al ciudadano,
incorporando tecnología para simplificar el funcionamiento del organismo. Lo
haremos desburocratizando, despapelizando e incorporando nuevas técnicas de
control para facilitar la rendición de cuentas de los cuentadantes”, apuntó.
Lara destacó que el uso de estas alternativas tendrá “idéntica eficacia
jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales o en soporte
papel”.
Luego destacó: “Debemos trabajar en conjunto y sumarnos a las políticas que
desde el Estado entrerriano se vienen implementando hace un tiempo mediante
distintos programas; entre los cuales se encuentran el de despapelización, el
de gestión documental electrónica y el de digitalización de documentación.
Todos ellos, programas tendientes a la adopción de sistemas tecnológicos e
informáticos con el fin de mejorar los procedimientos internos del Estado y
agilizar los tiempos de las tramitaciones para la ciudadanía”.
Finalmente aseguró: “Esto nos permitirá mejorar la prestación de nuestros
servicios, y posibilitará la optimización de los recursos, el resguardo y
transparencia de la información, el reacondicionamiento de los archivos
digitales existentes y un nuevo diseño para los que en el futuro se generen,
entre otros beneficios; lo cual mejorará los procesos y facilitará la
tramitación en tiempo útil”.
A modo de ejemplo, puede señalarse que en el caso de la notificación
electrónica su uso tiene impacto tanto económico, en la reducción del costo de
las notificaciones, y también temporal, en el acortamiento de los tiempos en los
procedimientos administrativos y en juicios de cuentas en trámite ante el
Tribunal de Cuentas.
